Cartel de los secesionistas con un aire que recuerda a dibujos de la Guerra Civil española |
El desafío del nacionalismo catalán contra España ha desbordado nuestro marco legal. No caben ya más intentos de buscar componendas imposibles. Es tiempo de encarar de frente y con la ley en la mano un reto que amenaza nuestro modelo de convivencia y la propia continuidad de España como tal. Hoy asistimos a una sedición en toda regla por parte del Gobierno catalán. Ya no camuflan su meta, se trata de destruir España, una de las naciones más antiguas de Europa.
El Ejecutivo autonómico catalán quiere romper el Estado y el marco jurídico que todos los españoles acordaron otorgarse por abrumadora mayoría. El Gobierno de Rajoy no puede seguir inhibiéndose ni dialogando en la sombra con los sediciosos que incumplen la ley.
Imagen del akelarre separatista |
En resumen: está en marcha una operación de gran calado, sufragada con dinero público, para lograr en breve la independencia de Cataluña. Se da incluso el sarcasmo de que la Generalitat, rescatada por el Estado porque es incapaz de afrontar sus deudas y colocar sus bonos, destina parte de ese apoyo económico a financiar la demolición de España, de la que siempre ha formado parte y gracias a cuya solidaridad camina.
ABC tiene entre sus principios irrenunciables la defensa de España, de su unidad y de su sistema de libertades. Por eso ha llegado la hora de señalar que el Gobierno no está actuando con la diligencia debida ante el envite del nacionalismo catalán. Mantener una agenda secreta con Mas o buscar un perfil silencioso ante un desafío mayúsculo son tácticas que reflejan una actitud acomplejada ante el separatismo. El Gobierno ha renunciado a explicar a los catalanes y al resto de los españoles que la Generalitat está vulnerando flagrantemente las normas de nuestra democracia. Y lo que es peor, no obliga al infractor a cumplirlas, una desidia que pone en riesgo la propia integridad de España. El Gobierno no ha hecho pedagogía. No responde políticamente a la batalla propagandística que ha entablado la Generalitat. No existe un contradiscurso que cuente la verdad frente al bulo del «España nos roba» y la mixtificación del pasado.
Quema de la bandera de Francia, la UE y la de España, junto con el retrato del Rey |
La historia de la democracia española ha sido la de constantes cesiones a los nacionalismos disgregadores, error en el que han incurrido tanto PSOE como PP. Los sucesivos modelos de financiación se han diseñado al dictado del nacionalismo catalán. Zapatero, que hizo un daño incalculable a la estabilidad de este país, abrió la caja de Pandora estatutaria, dando alas al separatismo. Rajoy acaba de aprobar un déficit a la carta para Cataluña y negocia en la sombra un estatus económico específico, discriminador para el resto de los españoles. Las lecciones de la historia son concluyentes. Las concesiones no calman las ansias secesionistas, al revés. Cada renuncia es solo la antesala de una exigencia mayor, hasta llegar a la ruptura del Estado, objetivo por naturaleza de los partidos nacionalistas.
La vicepresidenta del Gobierno ha declarado que frente al envite de los insurgentes catalanes habrá «diálogo y Constitución». Pues no. Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes. La política del perfil bajo supone además dejar a su suerte a los millones de catalanes que se sienten españoles, acosados por la Generalitat, que fomenta el odio a España y a quienes se identifican con ella. ABC, en congruencia con su historia y sus principios, pide al Gobierno un cambio de rumbo y que tome las medidas necesarias para defender la unidad de España, tal y como demandan la mayoría de los españoles. De poco valdrá superar la crisis económica si lo que queda al final es una España mutilada.
PUBLICADO EN ABC EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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